El 8 de septiembre del año 2000, 189 países, de entre los cuales había presentes 147 jefes de Estado y de gobierno, firmaron en Nueva York la Declaración del Milenio, un compromiso con el que asumían trabajar en sus respectivos países sobre ocho grandes metas de desarrollo humano, denominados como Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), con un plazo de quince (15) años, cuya fecha límite era el año 2015.  
La República Dominicana fue uno de esos 189 países presentes y signatarios. Más aún, el país fue uno de ocho (8) países seleccionados en el 2006 para desarrollar proyectos pilotos en pueblos denominados “del milenio”, con el fin de diagnosticar más acertadamente lo que se requería, cuantitativamente, para desarrollar la agenda ODM.  Del país se seleccionó a El Seibo1.

Aunque los progresos logrados con los esfuerzos de los ODM son notables en varias regiones del mundo, al 2015 todavía quedaron retos pendientes, especialmente en materia de pobreza y desigualdad2. A medida que se acercaba el año 2015 y parecía que las metas no serían logradas en su totalidad - debido a que en varios renglones de los ODM quedaban enormes tareas pendientes -, en la Conferencia de Río sobre Desarrollo Sostenible de 2012, se elaboró una propuesta para continuar el trabajo de los ODM en una agenda ampliada con miras al año 2030, que se llamó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con 17 objetivos y 169 metas, que se denominaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El orden y la paz en las sociedades humanas se fundamentan en el equilibrio de las relaciones e interacciones cotidianas de sus miembros. Este equilibrio se busca en proporción al sistema de normas y obligaciones morales que prescriben las expectativas de cada individuo dentro del grupo. Cualquiera que sea la época histórica, la región del mundo, la etnia o el idioma, la estructura para la vida en colectividad está constituida sobre dos grandes pilares, a saber: 1) permisos y derechos; y 2) obligaciones y deberes, que marcan las pautas de conducta y de acción particulares. Sin embargo, dados algunos atributos de la condición humana como la búsqueda del interés propio en detrimento de otros, la subjetividad sobre lo justo/injusto, o las diferencias de criterio en la valoración de una acción como buena o mala, lograr el equilibrio de estas relaciones es, por lo general, complejo y el conflicto resulta inevitable.

Los sistemas de normas, leyes y mecanismos de aplicación de justicia han sido establecidos para mediar en los conflictos entre partes. En la burocracia moderna, la institución de la justicia es un componente primario de la  organización social, que se expresa en marcos normativos en forma de constituciones, leyes, códigos, fiscales, tribunales y jueces, entre otras formas de administración de justicia que actúan como dispositivos de arbitraje. Sin estos mecanismos, predominaría la «ley del más fuerte»3  en la sociedad, porque el conflicto es, como lo define Lewis Coser, «una lucha con respecto a valores y derechos sobre estados, poderes, recursos escasos, lucha en la cual el propósito es neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales»